El contrabando de tabaco se sitúa en el 8,2% del mercado

  • Desciende 2,4 puntos en un año
  • Andalucía, aunque baja 9,3 puntos, sigue siendo la comunidad autónoma con mayor índice de contrabando, un 25,3%
  • Estos datos se han conocido en el II Congreso Frente al Contrabando de Tabaco auspiciado por Altadis

 

Según los últimos datos del informe facilitados por la consultora Ipsos, correspondientes al cierre del primer semestre de este año, el contrabando de tabaco representa el 8,2% del mercado de cigarrillos. Este porcentaje supone un descenso de 2,4 puntos en comparación al dato de hace un año, que era del 10,6%, y de 4,3 puntos al de finales de 2014, momento en el que el contrabando de tabaco alcanzaba el porcentaje más elevado de los últimos años, exactamente un 12,5% del mercado. Desde entonces, la evolución del contrabando refleja una ligera, pero constante tendencia a la baja.

En sus palabras de inauguración del II Congreso Frente al Contrabando de Tabaco, el presidente de Altadis, Juan Arrizabalaga, ha hecho referencia a estos últimos datos:   “esa tendencia se debe, en gran medida, al eficaz trabajo que vienen realizando los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, junto a la Agencia Tributaria, a través del Servicio de Vigilancia Aduanera. Producto de esa labor, además del aumento de aprehensiones en numerosas intervenciones, destaca especialmente el desmantelamiento en España de cerca de diez fábricas clandestinas dedicadas a la producción de tabaco ilegal, un fenómeno que hasta el año 2013 era inédito en nuestro país”.

Según Arrizabalaga, “otro de los aspectos que ha podido influir en esa caída del contrabando ha sido la estabilidad fiscal de los últimos años, ya que el hecho de no haberse incrementado los impuestos del tabaco desde junio de 2013, ha permitido a los fabricantes efectuar subidas más moderadas de precios. Normalmente, subidas cuantiosas de precios por incrementos desproporcionados de impuestos llevan aparejadas un aumento del contrabando. Al mismo tiempo, la leve recuperación económica experimentada ha podido influir también en que el consumidor haya recuperado parte de su poder adquisitivo y prefiera comprar tabaco legal, con todas las garantías de calidad y control, en vez de tabaco de contrabando, aunque su precio sea más bajo, pero que no está sometido a ningún control”.

“Sin embargo -ha añadido el presidente de Altadis- nos preocupa mucho que el leve descenso experimentado en el contrabando de cigarrillos suponga un trasvase de este tipo de contrabando al del tabaco picado, cuya venta se ha disparado en internet en detrimento de las ventas legales, que se han reducido en unas 800 toneladas entre 2013 y 2015”.

Por lo que respecta a los datos de Ipsos por comunidades autónoma (ver cuadro adjunto), Andalucía es la que sigue encabezando el ranking de las regiones con mayor índice de contrabando al situarse en un 25,3%, y ello a pesar de caer 9,3 puntos en comparación al dato del cierre del primer semestre de 2015. Le sigue Cataluña, con un 7,2% frente al 6,2% del año anterior y en tercera posición se sitúa Extremadura, que presenta un 6,2% respecto al 31,9% de 2015. Esta brusca caída hace sospechar, al igual que en el caso de Castilla-La Mancha, en un importante trasvase del contrabando de cigarrillos al de tabaco picado en esta Comunidad, que es una de las regiones donde se ha detectado de manera alarmante este nuevo fenómeno.

Comunidad Autónoma  Primer semestre 2015 Primer semestre 2016
Andalucía 34,6% 25,3%
Cataluña 6,2% 7,2%
Extremadura 31,9% 6,2%
Madrid 4,8% 5,2%
Comunidad Valenciana 5,1% 4,8%
País Vasco 4,6% 4,5%
Murcia 8,8% 3,9%
Asturias 2,9% 3,1%
Navarra 4,8% 3,0%
Galicia 6,1% 2,9%
Aragón 2,0% 1,9%
Castilla y León 4,9% 1,8%
Cantabria 7,5% 1,3%
La Rioja 3,3% 0,8%
Castilla La-Mancha 12,2% 0,7%

 

II Congreso Frente al Contrabando

Tras la intervención de Juan Arrizabalaga, la primera mesa redonda ha abordado la problemática de la nueva modalidad de contrabando: “La hoja de tabaco picado, nueva forma de contrabando”, que ha aparecido con fuerza en el último año. Los encargados de analizar este problema han sido: Manuel Barroso, adjunto al Presidente de CETARSA (Compañía Española de Tabaco en Rama); Antonio Brigas Afonso, Subdirector general de la Autoridad Tributaria Portuguesa y responsable de impuestos especiales sobre el consumo; Jesús Catalán González, Jefe de Investigación de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la AEAT; y Gema Campillo, Subdirectora General de Servicios de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

La mañana ha continuado con la segunda de las mesas redondas, que bajo el título: “El papel de los jueces y la labor de la Agencia Tributaria y de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado” ha reunido a Miguel del Castillo del Olmo, Magistrado de Marbella; Jorge Ramírez López, Delegado Ejecutivo de la AEAT en Andalucía, Ceuta y Melilla; Ramón María Clemente, Teniente Coronel Jefe de la Sección de Investigación de Andalucía de la Guardia Civil; Paulo Messias, Teniente Coronel de la Guardia Republicana de Portugal; y Héctor Moreno García, Comisario Principal, Jefe de la Unidad Central contra la Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría General de la Policía Judicial.

Esta tarde los asistentes tendrán la oportunidad de atender al último de los encuentros en el que se abordará “La cadena de suministro del tabaco y el consumidor final”, y contará con David Schuller de Santos, director de Trazabilidad de Logista; Manuel Carbó Martínez, Director del Centro de Investigación y Control de Calidad de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y Presidente del Comité sobre Tabaco de AENOR; y Juan Moreno, presidente de UCA (la Unión de Consumidores de Andalucía).

Seguidamente Rocío Ingelmo, Directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, ofrecerá la ponencia de cierre y tendrá lugar una entrega de premios miembros de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, y funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.

El broche final del encuentro lo pondrá Antonio Sanz Cabello, Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía.