Logo Altadis

Fabricación ilegal de tabaco

Desde 2013, ocho centros clandestinos de producción de tabaco han sido desmantelados en España. La existencia de esta industria ilegal se ha convertido en un fenómeno novedoso, una triste realidad que ha cobrado fuerza. La mayoría de estos centros fabricaba cigarrillos artesanalmente aunque dos de ellos tenían capacidad de dar salida a millones de cajetillas a la semana.

La mayor operación de este tipo tuvo lugar en septiembre de 2014, cuando fue hallada una fábrica ilegal en un polígono industrial de Vitoria que habría sumado 4,5 millones de euros semanales de fraude fiscal en caso de haber seguido operativa. Y hace ahora justo un año la Guardia Civil desarticulaba en la Sierra Norte de Sevilla otra factoría clandestina ubicada en una granja de cerdos camuflada. Con maquinaría industrial de primer nivel, los delincuentes eran capaces de producir 65.000 cajetillas de tabaco al día, aunque sólo estuvo operativa durante 24 horas.

En representación de un gremio que ha sufrido con creces los envites de la crisis y el auge del comercio ilícito, Mario Espejo reconocía en el congreso de Altadis en Sevilla que no sabría “qué hubiera sido de nosotros si esta cantidad de tabaco interceptada hubiera llegado a estar en circulación” y es que “continuamente podemos leer noticias sobre incautaciones, detenciones de contrabandistas y desarticulación de fábricas ilegales”, afirmaba el pasado mes de septiembre el presidente de la Unión de Estanqueros.

Espejo denunciaba en Sevilla que “los estancos no sólo sufrimos una caída en las ventas sino que somos testigos de cómo el tabaco se sigue consumiendo de forma ilegal”, además de que en muchas zonas, las mafias han hecho que el contrabando se convierta en una “supuesta salida al desempleo para personas en riesgo de exclusión social”.

“Cada vez es más fácil adquirir tabaco ilegal”, sostenía el estanquero, para quien “la solución no depende de un único actor» sino más bien de un «plan de acción integral contra el contrabando» que aúne las acciones coordinadas de la industria, las administraciones, los consumidores y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.