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Incautadas en Andalucía 88 toneladas de picadura de tabaco ilegal, el mayor alijo confiscado hasta la fecha en España

La operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una sofisticada red de contrabando de labores de tabaco en Andalucía, en el marco de la que han denominado ‘Operación Picado II’. La colaboración de ambas instituciones se ha saldado con la incautación de 88 toneladas de picadura de tabaco y la detención de seis personas.

Nacional | 14/03/2016

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Esta operación supone la mayor aprehensión de picadura de liar de la historia de España, con un valor de 14 millones de euros, y el equivalente a más de ocho millones de cajetillas de cigarrillos.

El Delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, el General de la IV Zona de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, y el Delegado de la AEAT en Andalucía, Alberto García Valera, declararon que se trata de la segunda fase de la ‘Operación Picado’, que el pasado noviembre intervino 41,5 toneladas de picadura y detuvo a 12 personas entre Jaén y Madrid.

La organización criminal manufacturaba el tabaco en tres naves en Almería para después distribuirlo a empresas principalmente andaluzas y particulares de todo el país por mensajería. Los clientes eran captados a través de la página web de la organización que incluso llegó a colgar en la red vídeo tutoriales en los que se explicaba la forma de entubar los cigarrillos.

En esta segunda fase de la Operación Picado, además de los 88.074 kilos de labores de tabaco, se han intervenido 20 máquinas de picado, entubado y pesaje, envases de producto aromatizante para simular el sabor de determinadas marcas, vehículos y gran cantidad de documentación y facturas.

¿Cómo operaba la red?

La organización de contrabandistas lideraba una empresa que simulaba ser una mayorista de hojas de tabaco sin acondicionar, no destinadas a ser fumadas como labores de tabaco, para eludir los controles de las autoridades competentes, cuando en realidad compraba el tabaco sin manufacturar tanto a productores nacionales como de Polonia, Estonia o Bulgaria, para después convertirlo en picadura y comercializarlo de forma ilícita a empresas andaluzas de nueva creación y particulares de toda España.

A los detenidos se les imputan presuntos delitos de contrabando, contra la salud pública y contra la hacienda pública.

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