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Las fábricas ilegales encontradas en nuestro país no usan hoja de tabaco española

Así lo ha explicado el informativo de La 7 de Castilla y León Televisión en un reportaje sobre el comercio ilícito de tabaco, el cual ha contado con la intervención de la Directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, Rocío Ingelmo.

 

Nacional | 11/08/2022

NO Contrabando - Altadis

“El contrabando de tabaco le cuesta al Estado 248 millones de euros que deja de ingresar vía impuestos”, informan desde la cadena y recuerdan que la venta de tabaco sólo está autorizada en los estancos y las máquinas de vending.

Fuera de este canal su comercio es “ilegal pero frecuente”, explica la periodista en referencia a las numerosas denuncias recibidas de forma anónima en los últimos seis años, a través de la aplicación NO Contrabando, disponible en esta misma página web: “Hemos recibido más de 8.300 denuncias”, concreta Rocío Ingelmo.

En España, según el informe KPMG, el 3% de los cigarrillos que se fumaron en 2021 procedían del contrabando. Son cifras bajas en comparación con la media europea o países como Francia. Sin embargo, podría darse un repunte como consecuencia de la recesión económica: “En épocas en las que hay mayores crisis se nota un aumento en el consumo del tabaco de contrabando”, apunta Ingelmo.

En ese sentido, La 7 de Castilla y León destaca el fenómeno en alza de las fábricas ilegales, que transforman hoja de tabaco de procedencia extranjera, y el daño tanto económico como sanitario que suponen: “Cuando entras en el mundo de una fábrica ilegal y de un producto falsificado, todos esos controles sanitarios se pierden”, indica la directora a de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, quien explica que “cuando han habido incautaciones de hojas de tabaco, ese tabaco no procede de Extremadura. Es decir, no es tabaco de origen español”.

El contrabando genera graves perjuicios para toda la cadena de labor del tabaco pues destruye empleos, perjudica al estanquero y supone, como ha recordado la cadena castellano-leonesa, pérdidas millonarias para el Estado, las Comunicades Autónomas y la sociedad en general.

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