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El compromiso institucional contra la permisividad social

Entre los objetivos que se plantearon en el I Congreso Frente al Contrabando de Tabaco celebrado por Altadis en Sevilla el 17 de septiembre, hubo dos sobre los que los ponentes pusieron especial énfasis: la necesidad de alcanzar un verdadero compromiso institucional en la lucha contra la lacra del contrabando y la importancia de acabar con la permisividad social que existe, especialmente en Andalucía, hacia el problema del comercio ilícito.

Precisamente el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, recalcó durante su discurso que para acabar con esta práctica, “que perjudica la economía del país, la salud pública y los negocios locales”, es imprescindible la máxima coordinación de las instituciones competentes. El Ayuntamiento de Sevilla, la industria y el conjunto de vendedores y consumidores han de unir esfuerzos “para una mayor eficacia en esta lucha», comentó.

Para combatir el problema “hay que hacer uso de todos los recursos disponibles, como por ejemplo las ordenanzas municipales o buzones de denuncia como el de Altadis” y lograr que la ciudadanía esté mejor informada “a través de campañas de sensibilización”. En este sentido, apuntó a la necesidad de que la Comisión de Trabajo de Sevilla, formada a finales de abril con representantes del Consistorio, la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA), la Asociación Provincial de Estanqueros y Altadis, “tenga más fuerza” en su objetivo de monitorizar la situación del contrabando de tabaco en la capital hispalense y buscar soluciones.

“Son 796 millones de euros lo que perdió Andalucía el año pasado por culpa del comercio ilícito de tabaco” y además, en el último semestre de 2014, el contrabando aumentó “en más de veinte puntos porcentuales”, apostilló Espadas para dimensionar el problema sobre el que centralizó su discurso.

Espadas criticó que el “70% de los andaluces vea normal” el comercio ilícito de tabaco y mostró la necesidad de combatirlo a través de educación e iniciativas. En esta misma línea el presidente de la UCA, Juan Moreno, llamó la atención sobre la “contradicción” existente entre muchos andaluces que, por un lado consumen tabaco ilegal aduciendo falta de poder adquisitivo y por otro “perciben prestaciones sociales” financiadas con impuestos que podrían ser recaudados de la venta de tabaco por vías legales.

“Una mayor beligerancia de la sociedad permitiría atajar la lacra”, sentenció Moreno en el congreso, y sin embargo: ¿qué pueden hacer los consumidores? Como “ciudadanos organizados”, pueden “trabajar por un cambio de mentalidad”. Es preciso que el mensaje de que es “un fraude que nos afecta a todos” cale profundo, además de hacer extensiva la idea de que el contrabando tiene graves consecuencias para la salud pública, así como que facilita el acceso de los menores al tabaco.

Para el representante de los consumidores, otra de las metas que supondrían una enorme garantía para el consumidor sería “avanzar en la trazabilidad del producto”. Y un buen avance a este respecto sería que los acuerdos europeos sobre la mesa en esta materia vieran la luz. Por último, alabó la labor de la mesa de trabajo de Sevilla, puntal imprescindible para combatir el comercio ilícito en la región.