02/02/2016
La unión francesa de fabricantes para la defensa de la propiedad intelectual (Unifab) ha publicado recientemente un estudio que evidencia la relación existente entre el comercio ilícito y la financiación de grupos terroristas.
El documento, centrado en el contrabando de drogas, armas y tabaco, está construido sobre el argumento ya conocido de que estas prácticas ilícitas son, no sólo para el Estado sino también para los consumidores, una gran amenaza desde varios flancos: económico, sanitario y de seguridad.
Como consecuencia, la unión gala señala más allá de las pérdidas recaudatorias, de empleo y la merma en los servicios públicos, una reducción en la innovación en el ámbito empresarial que en última instancia perjudica a todo el sector.
Una vez depurada la información sobre armas y drogas, el cuerpo del estudio está plagado de datos esclarecedores sobre el contrabando de tabaco. Por ejemplo, una reciente investigación de 75 procesos judiciales ha demostrado que alrededor del 20% de la financiación con la que actúan y sobreviven las organizaciones terroristas a nivel mundial, es dinero procedente del comercio ilegal de tabaco.
El análisis hace un repaso por la historia de grupos terroristas de todo el mundo y nombra al IRA, ETA, Hezbollah o el Estado Islámico entre las más peligrosas financiadas por el contrabando. Los autores apuntan una cifra escalofriante salida del documental ´Daech, naissance d’un État terroriste´, de Jérôme Fritel, coproducido por la cadena Arte y estrenado a finales de 2015. El reciente aumento al doble del contrabando de tabaco, fuente principal de financiación del EI por encima del petróleo, en la frontera entre Siria y Turquía, ha permitido cifrar en unos 2 billones de euros la fortuna de la organización criminal.
A lo largo del documento, Unifab denuncia la gran distancia existente entre la percepción generalizada y la realidad de las consecuencias derivadas del contrabando y falsificaciones. Contra esta dicotomía, el estudio es en su conjunto una llamada a la movilización general y toma de conciencia del problema por igual entre todos los sectores: cuerpos de seguridad, empresas, uniones de consumidores, etc.
