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Política Nacional-Internacional e instituciones públicas

En las negociaciones de Reino Unido para la salida de la Unión Europea, Gibraltar fue un tema de debate. España y Reino Unido comenzaron en 2017 las conversaciones para encontrar un acuerdo que desembocó en cuatro memorandos.

Uno de ellos, el denominado «memorando de entendimiento», tiene por objeto el tabaco. En este punto, el Gobierno de Gibraltar se comprometía a garantizar que, como muy tarde, el 30 de junio de 2020, «el diferencial del precio medio minorista de cigarrillos, puros, picadura fina de tabaco y otros productos similares no deberá superar el 32% del último precio español, con la salvedad de las ventas libres de impuestos a pasajeros en puertos y aeropuertos». Además, ambas partes se comprometieron a cooperar en la identificación de las personas relacionadas con el contrabando de productos de tabaco en sus respectivos territorios.

Según ha manifestado la Agencia Tributaria, en el segundo trimestre de 2021 se ha logrado un acuerdo casi un año después de expirar el plazo, por lo que estaremos atentos a la evolución de esta situación en los próximos meses.

Cabe señalar que, en su momento, ambas partes acordaron que el Comité Especializado [órgano previsto en dicho Protocolo] se reuniría según sea necesario – y al menos una vez al año – para discutir cualquier tema relevante, incluidos los informes del comité de coordinación.

Responde Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, en el II Congreso nacional frente al Contrabando de Tabaco, celebrado en septiembre de 2016

El Comisionado tiene funciones de vigilancia sobre el mercado legal de venta de tabaco, se ocupa de que los operadores legales, fabricantes, distribuidores y estanqueros, actuemos en el marco que legalmente nos corresponde, pero el contrabando es un DELITO (o infracción administrativa depende de la cuantía).

La función de perseguir delitos viene constitucionalmente asignada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en concreto, la lucha contra el contrabando de tabaco viene desde hace mucho tiempo atribuida a la Guardia Civil, que es quien ejerce la competencia del Resguardo Fiscal del Estado.

Responde Juan Moreno, ex presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) en el II Congreso nacional frente al Contrabando de Tabaco, celebrado en septiembre de 2016

Hablamos de economía sumergida, hablamos de prácticas delictivas, hablamos de delito fiscal… Una sociedad como la nuestra ni puede ni debe permitirse ser tolerante ante estas prácticas.

No tiene discusión que las zonas más castigadas económicamente son las que probablemente más necesitan de políticas activas de empleo, como tampoco debería admitirse el contrabando como válvula de escape de otros problemas como el desempleo. La sociedad debe conocer y poder cuantificar todas las políticas sociales de reequilibrio social que se podrían abordar con los recursos que el contrabando resta a la Hacienda Pública.

Responde Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, en el II Congreso nacional frente al Contrabando de Tabaco, celebrado en septiembre de 2016

Esa información no es correcta. El hecho de haber pagado una sanción por contrabando, no quiere decir que el infractor pueda cometer impunemente más infracciones sin temor a ser denunciado en un tiempo.

Al contrario, lo que se ha intensificado son las sanciones para los reincidentes. De hecho, desde finales de 2015 las sanciones contra los comercios que hacen contrabando se han intensificado. Para empezar, la multa es como mínimo de 2.000 euros, el cierre del establecimiento por infracción leve (de hasta 1.000 euros de tabaco) puede ser de hasta seis meses y es infracción muy grave romper el precinto y saltarse la orden de cierre temporal. En estos casos, y en los de reincidencia, la autoridad puede acordar el cierre definitivo del establecimiento.

Responde Miguel del Castillo del Olmo, Magistrado de Marbella, en el II Congreso nacional frente al Contrabando de Tabaco, celebrado en septiembre de 2016

Puede que la respuesta provenga de la Policía local. No es el caso en los demás supuestos, donde sí existe esa competencia, si bien se trata de funciones que se ejercen bajo el principio de jerarquía, y además ha de tenerse en cuanta el contexto de falta generalizada de medios para acabar con todas las infracciones criminales.

En las conversaciones que mantuvo nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores con la Unión Europea y la Embajada británica en Madrid con motivo del Brexit se puso a Gibraltar en el «punto de mira» de las negociaciones sobre el control fiscal y el contrabando. Gracias al diálogo entre las partes podemos decir que, según datos recientes de la Agencia Tributaria, las importaciones de tabaco al Peñón han bajado de manera perceptible. La pandemia, por supuesto, también ha influido.

Por tanto, «el año Brexit y la pandemia» ha hecho reducir en casi un tercio las importaciones de productos tabaqueros por vía terrestre a lo largo de 2020 hasta quedarse en 26,6 millones de cajetillas frente a los 35 millones de paquetes que fueron importados por la colonia en 2019, un 31,5% menos.

Anteriormente [en el verano de 2014], la Agencia Tributaria interpuso una denuncia ante la OLAF [Oficina de Lucha Contra el fraude de la Unión Europea] donde se ponía de manifiesto la ingente cantidad de tabaco que se introducía en Gibraltar y regresaba a nuestro país para ser vendido.

Ello propició que el organismo europeo emitiera un informe con una serie de recomendaciones que se han traducido en un aumento de los impuestos que gravan el tabaco en Gibraltar, la reducción de los horarios en los que está permitida la venta de tabaco en los establecimientos, la limitación legal de las cantidades almacenadas en los puntos de venta y en la intensificación de las actuaciones de las autoridades gibraltareñas en la lucha contra el contrabando.

Lo único que puede hacerse es comprobar el cumplimiento de las normas. La legislación española tipifica la cantidad permitida de entrada de tabaco a la Península. La entrada máxima procedente de Canarias, Ceuta y Melilla es equivalente a las franquicias que se aplican a países terceros (200 unidades de cigarrillos). Es remarcable que esta cantidad es considerablemente menor que la establecida para países europeos, 800 unidades. Ello se ha establecido así dada la diferencia de fiscalidad y, por tanto, de precios, entre estas regiones y el resto de los territorios españoles.

Responde Juan Andrés Tovar Mena, presidente de la Compañía Española de Tabaco en Rama S.A. (CETARSA)

La lucha frente el contrabando es una obligación ciudadana que nos concierne a todos por diversos motivos.

Los más importantes residen en el impacto sobre los ingresos públicos, que son la base para poder financiar aquellas necesidades sociales que legítimamente reclaman los ciudadanos: escuelas, sanidad, pensiones, etc.

Por otro lado, el contrabando resulta una de las principales vías de entrada al consumo para los más jóvenes, pues carece de las garantías necesarias en los productos que se venden ni tiene respeto a las normas que prohíben su comercialización a los menores de edad.

Junto a todo lo anterior, debemos ser conscientes de que el contrabando es una fuente de financiación para organizaciones de delincuencia organizada que afectan de manera muy negativa al correcto funcionamiento de la sociedad.

En líneas generales, nos enfrentamos a un problema importante en España y en toda Europa. Debemos poner todo de nuestra parte para atajarlo.

Responde Ricardo Miranda, director de la Organización Interprofesional del Tabaco de España (OITAB)

Por supuesto. Sin ir más lejos, este año en España se han contratado 27.209.613 kilos que van a cultivar 1.167 cultivadores de tabaco. Esta cantidad será vendida a 4 empresas transformadoras y la producción se va a realizar en 7.992 hectáreas.

Para que se hagan una idea de lo que representan esta superficie de tabaco, les diré que toda la superficie de olivar de España son 2,62 millones de hectáreas o que el viñedo para vinificación está en unas 992.000 hectáreas. Creo que eso sirve para poner en contexto lo que representa el tabaco.

Como saben, este cultivo se da fundamentalmente en Extremadura y se da en explotaciones de pequeño tamaño. Las explotaciones de tabaco del norte de Cáceres tienen menos de 10 hectáreas.

Responde Valentín García Gómez, parlamentario del Valentín García Gómez, parlamentario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Creo que en esta ocasión ha habido un gran consenso respecto a las enmiendas que pretendíamos introducir. Las mismas han sido apoyadas por los grupos parlamentarios de todo el espectro político sin ningún tipo de problema.

No obstante, quiero poner en valor la dificultad consabida para ponerse de acuerdo en asuntos de este tipo… pero creo que lo que teníamos entre manos era compartido unánimemente al ser una regulación necesaria desde hacía tiempo.

En cualquier caso, cuando se escucha a la sociedad y a sus representantes, es bastante fácil ponerse de acuerdo. Durante todo este tiempo, en el que ha tenido lugar la fase de tramitación, nos ha guiado el equilibrio y la prudencia para conseguir como resultado que todo el sector esté plenamente satisfecho con la nueva normativa.

Responde Juan Andrés Tovar Mena, presidente de la Compañía Española de Tabaco en Rama S.A. (CETARSA)

Espero que mantenga las ayudas al sector. Creo que hay que ir avanzando en cómo llegan las ayudas, pero que la cantidad global que llegue al sector sea más o menos la que está llegando hasta este momento.

Responde Ricardo Miranda, director de la Organización Interprofesional del Tabaco de España (OITAB)

Nosotros esperamos que se tengan en cuenta las singularidades del tabaco, cuyo cultivo tiene las ayudas totalmente desvinculadas. Todo el dinero de la PAC que llega a una zona tiene un efecto multiplicador sobre la misma.

Responde Valentín García Gómez, parlamentario del Valentín García Gómez, parlamentario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Quiero trasladar un mensaje de optimismo al sector: creo va a acabar muy bien reconocido cuando el Gobierno de España traslade y concrete la Política Agraria Común después de las negociaciones europeas.