PREGÚNTANOS es un espacio donde puedes hacernos llegar tus dudas sobre el contrabando de tabaco para que éstas sean respondidas de manera rigurosa por expertos en materia legal, fiscal o de cualquier otra índole relacionada.
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La información se presenta agrupada por Altadis en diferentes categorías con el fin de luchar activamente contra este delito.
Responde Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, en el II Congreso nacional frente al Contrabando de Tabaco, celebrado en septiembre de 2016
Los agricultores tienen que asegurarse que los clientes que les compran la hoja de tabaco van a destinarla a actividades lícitas. No nos olvidemos que la mayor parte del tabaco de Extremadura lo compran grandes compañías como CETARSA.
La concienciación de las cooperativas de agricultores es una tarea fundamental para que entiendan el daño que pueden hacer si venden sus productos de forma indiscriminada, ya que el perjuicio se lo causarán a todo el colectivo de agricultores.
Responde Juan Moreno, ex presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) en el II Congreso nacional frente al Contrabando de Tabaco, celebrado en septiembre de 2016
Para la Unión de Consumidores, es precisamente la venta de tabaco ilegal o de contrabando la que más atención debería suscitar a las autoridades sanitarias y de consumo, pues estamos hablando en muchos casos de auténticos delitos contra la salud pública, al tratarse de productos que escapan tanto del control sanitario como de unas elementales normas de trazabilidad, con el potencial peligro que ello implica para los consumidores.
Responde Miguel del Castillo del Olmo, Magistrado de Marbella, en el II Congreso nacional frente al Contrabando de Tabaco, celebrado en septiembre de 2016
Entiendo que hablamos del art. 359 CP. En definitiva, plantearnos si junto con el delito de contrabando (superado cierto valor del tabaco o la hoja claro está) podemos atribuir a la persona que lleva a cabo este tipo de conductas un delito contra la salud pública del artículo que indico.
La persecución de esa conducta exige que se interprete la misma, desde mi punto de vista, como «ejecución de una acción peligrosa idónea para producir un peligro para el bien jurídico protegido». Es decir, que consideremos que estamos ante lo que técnicamente se llama un delito de peligro abstracto. Cuestión que no es pacífica.
Esto implica que, seguro, la imposibilidad de la producción del peligro excluiría la tipicidad.
Ahora bien, esta imposibilidad, al menos de inicio, para el caso tabaco picado, que no ha pasado controles sanitarios, y que se vende por internet, no se puede descartar, lo que desde mi punto de vista obliga a instruir (abrir diligencias previas) para que, en virtud de un parecer científico, podamos conocer con exactitud el grado de idoneidad para causar el perjuicio para la salud pública, que es el bien jurídico protegido (aunque esto tampoco es pacífico).
Los medios son escasos e incluso sería discutible a quién recurrir para obtener la pericial objetiva. Del indicio a la prueba hay un camino que en esta materia es bastante sinuoso.
Y es que eso es una cosa y otra lo que ocurriría en fase de juicio, partiendo de que el Ministerio Fiscal debería apoyar esa tesis (o sea, la de acusar por concurso de delitos de contrabando y contra la salud pública), lo que también engendraría problemas.
Habría que persuadir a Fiscalía para que esa interpretación prosperase y se llegase a juicio.
En el juicio, esto es, para el juez sentenciador (Juez de lo Penal normalmente), vislumbro problemas técnicos desde el punto de vista del art. 8 CP y de las normas sobre concurso de delitos, y encuentro que presenta dificultades de índole probatoria la eventual condena.
Al final, sería fundamental una elaboración jurídica sólida y un esfuerzo argumental considerable. No es fácil, pero tampoco imposible, a mi razón, que se puedan obtener condenas en el sentido que plantea la pregunta.
Responde Miguel del Castillo del Olmo, Magistrado de Marbella, en el II Congreso nacional frente al Contrabando de Tabaco, celebrado en septiembre de 2016
Ha de conocerse que en justicia la dotación de medios y la organización obedece a una premisa, que es la de cierta desorganización, si se me permite. También la de falta de plena unidad de actuación y de reglas absolutas o permanentes en todo lugar del estado.
Al estar las competencias descentralizadas en determinados territorios, va a depender del territorio el lugar concreto de almacenaje para posterior destrucción, así como también lo que ocurra tras la intervención. Ese lugar, en principio, puede ser o bien dependencias de almacenaje que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad, o bien dependencias que la administración autonómica habilita.
En cualquier caso, el tabaco incautado ha de ser objeto de análisis en aquella dependencia a la que haya sido destinado y en la que está a disposición judicial. Después se destruirá dejando muestra, si bien la persona a la que se atribuye el delito debe ser oída previamente a la destrucción (esto no siempre se hace, y ojo, puede engendrar nulidad de actuaciones).
Altadis refrenda una serie de compromisos adquiridos en su estrategia a la hora de combatir el contrabando de tabaco. Uno de ellos, como se indicaba anteriormente, es instar al sector a aplicar el principio de diligencia debida, para que cada fabricante venda a sus distribuidores e importadores la cantidad que corresponda a la demanda real del mercado. Para ello, la Compañía apoya que se firmen los acuerdos necesarios con el objetivo de cumplir con este principio como herramienta de lucha frente al comercio ilícito de tabaco.
Asimismo, los acuerdos voluntarios de las compañías tabaqueras con la OLAF suponen un ejemplo de cómo la industria del tabaco trata de frenar el crecimiento del contrabando de tabaco en la Unión Europea. Aunque cada compañía ha firmado su propio acuerdo, en todos existen una serie de compromisos comunes, como por ejemplo el control de la cadena de suministro.
A través de los acuerdos de la OLAF, la industria está implementando sistemas tecnológicos que aseguren la trazabilidad de los productos, capaces de efectuar un seguimiento eficaz de todos los productos de tabaco y en todos los pasos de la cadena de suministro.
Ello es complementario a las obligaciones de seguimiento de productos dispuestas por la Directiva Europea de Productos del Tabaco, que contempla que cualquier unidad de envasado de productos del tabaco debe incorporar un identificador para un mayor control de la cadena de suministro con información precisa de la ruta completa del producto (desde el día, hora y lugar de fabricación hasta su llegada al estanco).
Con la vocación de concienciar a la población sobre los efectos negativos del comercio ilícito de tabaco, Altadis puso en marcha en 2015 una página web específica llamada “NO Contrabando”. El espacio, alojado en la web de la Compañía, cuenta con un apartado de noticias en el que se puede encontrar toda la actualidad sobre el contrabando de tabaco: operaciones policiales, informes, o infografías entre otros contenidos.
De este modo, Altadis ha reforzado su papel en el sector al frente de la lucha frente al contrabando, una lacra que afecta a toda la sociedad a través de muy diversas maneras como la pérdida de recaudación o la facilidad de acceso de los menores a productos fuera de la regulación, entre otras.
Además de este espacio digital, existe también una aplicación móvil disponible para dispositivos Apple y Android con el mismo fin de ayudar a combatir este problema. La aplicación “NO Contrabando” es una extensión natural del portal nocontrabando.altadis.com y brinda un elemento adicional de compatibilidad e inmediatez, al permitir un acceso más rápido y adaptado a smartphones y tablets al contenido informativo de esa web y a su buzón de denuncias, que, a través de esta app, facilita aún más a estanqueros y consumidores poner en conocimiento de Altadis puntos de venta ilegales de tabaco de forma anónima.
La herramienta permite recibir alertas informativas sobre actualizaciones de contenido de la misma. Además, cuenta también con una galería fotográfica en la que se encuentran infografías con información útil sobre los perjuicios del contrabando a la sociedad e imágenes de algunas de las noticias.
En un estanco no hay límite de venta, aunque a partir de 800 cigarrillos se ha de emitir una factura al comprador, incluyendo los datos pertinentes.
Se trata de una cantidad señalada como límite de adquisiciones intracomunitarias de tabaco y que sugiere que las autoridades deben tener un control de cantidades mayores a ésta para trazar, en caso necesario, la distribución de este producto y evitar así la comercialización ilícita.
En primer lugar, hay que distinguir entre el tabaco genuino, el que venden las compañías tabaqueras, y el falsificado. En el caso de España el problema de contrabando no es un asunto de falsificaciones, ya que constituyen un porcentaje insignificante sobre el total de tabaco de contrabando detectado en la “Encuesta de Cajetillas Vacías”.
El tabaco de contrabando en España es un problema de tabaco genuino de comercio no doméstico, es decir, que se introduce en nuestras fronteras desde los tres mercados más cercanos, Andorra, Canarias y Gibraltar, donde los precios son más bajos porque los impuestos son también menores. Siempre que hay una aprehensión se le manda a la compañía para que diga si es genuino o falsificado y las cantidades se destruyen cuando finaliza el proceso administrativo o judicial.
En cualquier caso, todo este tabaco de contrabando no está controlado por las autoridades, y por lo tanto no se puede asegurar un correcto almacenamiento o transporte ni una buena conservación del tabaco.
Altadis, a través de sus campañas y acciones, pretende concienciar a los consumidores y a las autoridades de que estas actividades ilícitas constituyen un riesgo para la salud pública, ya que este tipo de productos no están sometidos a los controles sanitarios por los que pasa el tabaco de venta legal.
En concreto, respecto al aumento del contrabando de tabaco de picadura, es muy preocupante la falta de control sobre este tipo de tabaco y respecto al que los consumidores empiezan a creer que es más natural, cuando la realidad es que no cumple la calidad necesaria, en ocasiones por el exceso de pesticidas que contiene. El tabaco de venta legal está sometido a unos severos controles y en el caso del contrabando de hoja de tabaco picado, es evidente que se trata de un grave delito contra la salud pública sobre el que las autoridades sanitarias deberían actuar de manera contundente.
Respecto a las razones por las que no se comunican los componentes del tabaco de contrabando, es preciso saber que no existe obligación legal de comunicar los resultados de los análisis efectuados del tabaco aprehendido.
Responde Juan Andrés Tovar Mena, presidente de la Compañía Española de Tabaco en Rama S.A. (CETARSA)
En líneas generales, todos los operadores que nos dedicamos al sector del tabaco estamos convencidos de que la transparencia y la seguridad jurídica son clave para poder desempeñar nuestra labor.
Gracias a esto se garantiza que la actividad del tabaco en rama se hace con el estricto cumplimiento de las exigencias en materia de agricultura, sanidad, consumo y transportes.
Responde Juan Andrés Tovar Mena, presidente de la Compañía Española de Tabaco en Rama S.A. (CETARSA)
El compromiso de CETARSA pasa por una apuesta inequívoca, continuada y eficaz contra cualquier forma de comercio ilícito en el tabaco.
Los contratos anuales de cultivo y compraventa de tabaco que formalizamos con los agricultores y las APA incluyen una cláusula específica de lucha contra el comercio ilícito de tabaco en hoja. Ambas partes manifestamos nuestro compromiso en esta lucha y garantizamos la colaboración con todas las instituciones y autoridades competentes en esta materia.
Debemos recordad que, gracias al compromiso y el esfuerzo de todos los profesionales, el tabaco en rama se ha posicionado como un elemento nuclear en el conjunto de la actividad económica de las comarcas tabaqueras y en su nivel medio de empleo. Sin embargo, el fenómeno del comercio ilegal de este tipo de tabaco presenta graves riesgos para el sector en general y su sostenibilidad a medio plazo en particular.
Por tanto, el sector del tabaco debe ser consciente del gran esfuerzo que hemos venido desarrollando y que ha permitido colocar al tabaco en rama español a la cabeza de los tabacos europeos.
Responde Ricardo Miranda, director de la Organización Interprofesional del Tabaco de España (OITAB)
El actual Real Decreto obliga a que todas las entregas de tabaco que se hagan entre las fases de producción y primera transformación estén amparadas en un contrato de cultivo. Además, se establece un contenido mínimo de esos contratos y la obligatoriedad de comunicar datos a todas las partes.
En esos mismos contratos hay que incluir quiénes son los cultivadores de tabaco, identificarlos y localizar las parcelas de su cultivo, cuantificar la superficie, los volúmenes de producción, las calidades, etc. Todo ello hace que la administración pueda ejercer cierto control sobre la actividad.
Con la intención de dar transparencia al sector y garantizar la seguridad de las explotaciones tabaqueras, la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, con el apoyo del sector, redactó en el año 2018 un Decreto que nosotros llamamos «decreto de trazabilidad». Gracias a él se articula un sistema de verificación y control de la hoja de tabaco desde el secadero hasta las empresas de primera transformación.
Desde ese año, todos los movimientos de hoja que se producen dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura tienen que ir acompañados con una guía de transporte. Al final de la campaña hay que relacionar el número de guías que se han emitido, el número de kilos que se han vendido y, en caso de que haya excedentes, hay que indicar cuánto y dónde están almacenados.
Como saben, ahora la administración tributaria pretende regular el tabaco en rama, un objetivo que pasa por trasladar al resto de España lo que ya se viene haciendo en Extremadura. Por ello creemos que es necesario que se establezcan los mecanismos de coordinación y colaboración, en este caso con la Junta de Extremadura, para evitar duplicidades en relación con las obligaciones que habrán de cumplir los cultivadores y las empresas de primera transformación.
Nuestra intención es que se consigan los objetivos perseguidos por la Agencia Tributaria, impedir el comercio ilícito de hoja de tabaco, y al mismo tiempo, evitar un gran coste en términos de cumplimiento normativo a los agricultores… de ahí la importancia de que haya comunicación entre las cuatro administraciones.
Responde Valentín García Gómez, parlamentario del Valentín García Gómez, parlamentario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
De los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Exclusivamente.
